El artículo indica, en primer lugar, que "la falta de equidad deriva, más allá de razones históricas, de unas políticas de inversión en carreteras alejadas del principio básico que debe guiar toda política pública: la coherencia y la equidad". A continuación, reconoce la dificultad de gestionar la situación, debido a las dificultades financieras de las administraciones.

Consciente de esta situación, plantea tres posibles opciones:

• Extensión generalizada del sistema de peajes en todo el sistema de vías de alta capacidad: solución de enormes costes políticos en un momento en que el rechazo al peaje aparece como posicionamiento definido de una parte de la población.
• Supresión generalizada de los peajes: la solución más eficiente para restaurar la equidad pero que plantea inconvenientes de carácter legal y consecuencias financieras que la hacen prácticamente imposible.
• Fórmula intermedia: pasa por abordar de manera gradual el proceso de reequilibrio del sistema mediante vías muy diferenciadas.

Entre las posibles vías de la tercera opción se cita la creación de un fondo de rescate de autopistas con cargo a las recaudaciones provenientes del impuesto de sociedades ingresado por las concesionarias y del impuesto del valor añadido repercutido en los peajes, o la propuesta del RACC de establecer la desgravación de los peajes del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF).