Ante esta situación, el informe considera que es necesario que las administraciones tomen medidas que actúen sobre factores y segmentos de riesgo. Algunas de estas medidas no corresponden a la administración autonómica (nueva ley de seguridad vial que tenga en cuenta nuevas infracciones o nuevo examen de conducir que no se limite a cambios en las pruebas teórica y práctica), pero otras sí están en el marco de competencias de la Generalitat (plan específico de seguridad motociclista, mejora en la señalización de los radares o inversión de la recaudación de las multas en seguridad vial).

Además, insiste en las medidas de acción inmediata propuestas en el informe 20 medidas para 2020, entre las que destacan las siguientes:

• Conductores: obtención gradual del permiso de conducir, carriles segregados para ciclistas en carreteras frecuentadas por este colectivo, plan de seguridad para peatones en zona urbana con un enfoque hacia las personas mayores, alcoholemia 0 para profesionales y para conductores noveles, combatir con más intensidad las distracciones, etc.
• Infraestructuras: si la mayoría de las muertes se producen en vías convencionales, es necesario un plan de choque para incrementar la seguridad en ellas, en la línea de las auditorías de seguridad por estrellas que hace el RACC, asegurando que la mayoría del tráfico circula por vías con tres o más estrellas de seguridad.
• Vehículos: la frenada autónoma de emergencia de serie en todos los coches y la renovación del parque para tener vehículos más seguros, especialmente en lo que se refiere a escúteres con ABS.