El informe toma como referencia la decisión de abril de 2013 de desviar los vehículos pesados que circulaban por la N-II en la provincia de Girona hacia la autopista AP-7. Los buenos resultados conseguidos han llevado al Ministerio de Fomento a plantearse si esta medida sería exportable a otras vías con las mismas consecuencias. 

Para ello, el estudio cuantifica el impacto que tendría el trasvase sobre cuatro variables:

• Accidentalidad global, tanto en las vías convencionales como en las vías rápidas
• Tiempo de recorrido de los camiones.
• Consumo de combustible de los camiones.
• Emisiones de CO2 de los camiones.

Se han analizado un total de 24 carreteras: 1.838 kilómetros de vías convencionales y 2.050 kilómetros de autopistas y autovías paralelas.

La medida incluiría un descuento del 50% en los peajes para estos vehículos, por lo que también se ha realizado una estimación del efecto que tendría sobre la recaudación de las empresas concesionarias de autopistas.

La aplicación del trasvase de vehículos pesados a autopistas y autovías supondría:

• Reducción de la accidentalidad en las vías convencionales afectadas: hasta 79 muertos y 214 heridos graves menos cada año.
• Beneficio social neto de entre 140 y 241 millones de euros al año, gracias a la reducción de la accidentalidad, el ahorro de tiempo, y la reducción del consumo de combustible y de las emisiones de CO2.
• Beneficio para los transportistas: de hasta 15 millones de euros anuales para aquellos que actualmente circulan por vías convencionales y de 94 millones de euros para los que ya circulan por vías rápidas (gracias a la reducción del 50% del peaje).

Además, no sería necesario que la Administración compensase a las concesionarias de autopistas porque la reducción del peaje se compensaría por un aumento del tráfico y la recaudación no disminuiría.